Para facilitarle al juez herramientas que permitan esclarecer qué sucedió con el joven artesano, ayer Macri envió a Avruj y Otamendi a Esquel.
«Hay una arremetida desenfrenada para instalar pruebas falsas», denunció un miembro del gabinete que está al tanto de cada detalle de la investigación sobre la búsqueda de Santiago Maldonado.
Las diversas hipótesis y declaraciones de testigos que involucran directamente a la Gendarmería con la desaparición del joven, despiertan las sospechas del Gobierno ante la instalación de pruebas inconsistentes. Desde el entorno del presidente Mauricio Macri aseguran de que «hay interesados en desviar la investigación y que incluso algunos de los testimonios que se presentaron estarían armados», indicaron fuentes consultadas por LN.
Todo apunta al trabajo que realiza el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), conducido por Horacio Verbitsky, uno de los querellantes de la causa. Aunque también la suspicacia del Ejecutivo se posa en la acción que está llevando adelante la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin), fiscalía de mantiene buenos términos con la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, enemiga de Macri desde que este llegó al poder.
Preocupado por las consecuencias jurídicas, políticas y sociales que está generando la desaparición del artesano, el mandatario envió a Esquel a los secretarios de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y de Seguridad, Santiago Otamendi, para facilitarle al juez Guido Otranto toda la ayuda posible que permita dilucidar la situación.
